La prevención del suicidio y la regulación de los centros de rehabilitación de adicciones quedaron incorporadas de manera específica en la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Colima, aprobada con 21 votos en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, sustituyendo la legislación estatal que hasta ahora se concentraba principalmente en la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
La nueva norma amplía el alcance de la política estatal para considerar a la salud mental como un derecho y establecer acciones de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación, bajo un modelo comunitario y con perspectiva de derechos humanos. La iniciativa que dio origen a la legislación planteó garantizar servicios oportunos, accesibles y de calidad, además de proteger la autonomía e inclusión de las personas con condiciones de salud mental, discapacidad psicosocial o consumo problemático de sustancias.
Uno de los principales cambios es la incorporación de disposiciones específicas para la prevención y atención del suicidio, un tema que no contaba con un desarrollo equivalente en la legislación anterior. La nueva ley contempla acciones para la detección de personas en riesgo, atención inmediata y seguimiento, además de la denominada “posvención”, dirigida a familiares y personas cercanas después de una muerte por suicidio.
También prevé la elaboración de protocolos y la capacitación de personal que puede tener contacto con personas en riesgo, entre ellos trabajadores de los sectores salud y educativo, así como personal de seguridad y primeros respondientes. La intención es que la intervención no se limite a los servicios especializados de psiquiatría o psicología, sino que exista capacidad para identificar señales de riesgo y canalizar oportunamente a las personas.
Mayor regulación para centros de rehabilitación
Otro de los cambios relevantes alcanza a los establecimientos residenciales dedicados al tratamiento de las adicciones, conocidos comúnmente como centros de rehabilitación o “anexos”.
La nueva legislación establece requisitos para su funcionamiento y atención a las personas usuarias, entre ellos contar con programas de tratamiento y planes individualizados, integrar expedientes clínicos, disponer de protocolos para emergencias y garantizar el consentimiento informado.
Los establecimientos también deberán cumplir con requisitos administrativos y sanitarios, entre ellos el aviso de funcionamiento correspondiente, su registro ante la autoridad estatal competente en materia de salud mental y adicciones y las autorizaciones municipales necesarias.
La regulación parte de un enfoque distinto al de considerar a las personas con consumo problemático de sustancias únicamente como sujetos de control. La ley adopta una perspectiva de derechos humanos y plantea proteger su dignidad, autonomía y capacidad jurídica durante los procesos de tratamiento.
Ese enfoque también implica cambios en el lenguaje de la legislación: en lugar de utilizar términos que puedan resultar estigmatizantes para referirse a quienes enfrentan una adicción, se incorpora el concepto de personas con uso problemático de sustancias psicoactivas.
De una ley de adicciones a una de salud mental
El cambio legislativo es más amplio que la regulación de los centros de tratamiento. La nueva norma sustituye la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado de Colima por un ordenamiento que aborda conjuntamente la salud mental y las adicciones.
Desde la presentación de la iniciativa, en enero de 2026, se planteó que el nuevo marco jurídico reconociera la salud mental como un derecho humano y no solamente como un asunto clínico o biomédico. El proyecto fue construido con una visión médica, psicológica y comunitaria y busca garantizar el acceso universal y sin discriminación a estos servicios.
La legislación privilegia además un modelo de atención comunitaria, con el propósito de acercar los servicios a los espacios en los que viven las personas y reducir la dependencia de esquemas centrados exclusivamente en la institucionalización.
También establece atención diferenciada para niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad psicosocial o intelectual; mujeres durante distintas etapas de su vida; personas en situación de calle; víctimas de violencia o desastres; personas privadas de la libertad y población indígena, entre otros grupos.
La nueva ley contempla además mecanismos para denunciar irregularidades en los servicios de salud mental y tratamiento de adicciones y la posibilidad de aplicar sanciones administrativas cuando los establecimientos o prestadores incumplan las disposiciones establecidas.
Con ese nuevo marco, la política pública estatal deja de concentrarse exclusivamente en las adicciones para incorporar de manera integral la prevención, atención y recuperación de la salud mental, con obligaciones tanto para las instituciones públicas como para los establecimientos que ofrecen servicios en esta materia.