La nueva Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Colima, aprobada por el Congreso del Estado, abrió una discusión sobre el reto presupuestal que implicará convertir las nuevas obligaciones legales en servicios, personal y programas, particularmente de cara a la elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para 2027.
Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano (MC) coincidieron en la importancia del nuevo marco legal, pero plantearon que su aprobación deberá acompañarse de mayores recursos para prevención de adicciones, rehabilitación y atención de la salud mental.
La preocupación tiene sustento en el propio dictamen. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración emitió el pasado 3 de septiembre una opinión positiva sobre su impacto presupuestal; sin embargo, el séptimo artículo transitorio establece que la Secretaría de Salud instrumentará las acciones previstas en la nueva legislación conforme a la suficiencia presupuestal asignada para el ejercicio fiscal en curso.
Lo anterior implica que la ley crea una serie de nuevas responsabilidades institucionales sin establecer en el decreto una partida adicional específica para financiarlas durante lo que resta del año.
Entre otras disposiciones, la legislación amplía las obligaciones estatales en prevención y atención del suicidio, atención psicológica y psiquiátrica, capacitación de personal, salud mental comunitaria, atención a poblaciones específicas y regulación de los establecimientos residenciales especializados en adicciones.
También establece plazos concretos para poner en marcha algunas acciones. Salud y Educación deberán elaborar en 60 días un Programa Estatal de Formación, Capacitación y Reconversión Profesional en Salud Mental Comunitaria; además, deberá crearse y mantenerse un sistema de registro, monitoreo y evaluación de la implementación de la ley y, en un plazo máximo de 6 meses, diseñarse un Protocolo Integral para la Intervención en Situaciones de Crisis en Salud Mental.
Una letra muerta
El diputado panista Jesús Alberto Partida Valencia adelantó el voto favorable de su grupo parlamentario, pero sostuvo que será necesario acompañar la nueva legislación con decisiones presupuestales para evitar que sus disposiciones queden sin aplicación.
El diputado Partida planteó, entre otras medidas, incrementar los recursos destinados a la prevención de adicciones y rehabilitación, además de continuar buscando apoyos para los centros de rehabilitación, como la reducción o exención del pago del servicio de agua.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Israel González Mendoza, consideró la aprobación de la ley como un paso importante, aunque señaló que por sí sola resulta insuficiente si no se acompaña de presupuesto, personal especializado y trabajo con las familias.
El legislador pidió que el próximo Presupuesto de Egresos del Estado contemple los recursos necesarios para implementar la legislación y atender las necesidades en materia de salud mental.
La discusión presupuestal adquiere relevancia porque el Presupuesto de Egresos 2026 fue aprobado desde noviembre del año pasado, meses antes de la aprobación de la nueva legislación. El gasto estatal autorizado para este año asciende a 22,255 millones 339 mil 890 pesos.
Por ello, mientras las primeras acciones deberán instrumentarse con los recursos disponibles durante 2026, la discusión del presupuesto estatal para 2027 será la primera oportunidad para asignar recursos considerando ya las obli