El argumento de garantizar el derecho humano al agua, señalado por Morena como sustento para aprobar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, no se ve reflejado en el presupuesto asignado para sanear las redes de distribución de agua potable ni para su tratamiento, afirmó la senadora Mely Romero Celis.
“Qué bonito queda en la ley, pero, ¿dónde está el presupuesto equiparable para sanear todas las redes de distribución de agua potable? En Colima lo vemos todos los días: las redes de distribución están obsoletas, se pierde el 40% del agua en las zonas urbanas porque las redes son muy viejas; además hay plantas de tratamiento que tienen muchísimo tiempo y nadie las ha reparado”, expresó.
La legisladora se preguntó cómo se garantiza el derecho humano al agua si no se está destinando inversión suficiente a la infraestructura necesaria para asegurar el acceso al vital líquido.
De igual manera, mencionó que otro tema que preocupa a las y los campesinos es el cambio en el manejo de las concesiones de agua. Explicó que antes un productor tenía concesiones por 10, 15 o más años y, tras ese periodo, debía renovarlas; ahora, la renovación deberá realizarse cada 2 años.
En cuanto a la transmisión de concesiones, Romero recordó que inicialmente se planteó que no podrían heredarse ni transmitirse, pero finalmente se incluyó una salvedad: sí podrán transmitirse, siempre que la autorización sea otorgada por el Gobierno federal. “La pregunta es con qué criterios, con qué valoración, pues por todo lo que viene haciendo Morena, seguramente lo va a politizar, lo va a ligar a procesos electorales, como hace con los programas sociales”, señaló.
Además, la legisladora federal refirió que la Conagua tiene actualmente 144 mil trámites pendientes desde hace años, algunos con más de una década. “Imagínense ahora que se van a renovar todas las concesiones cada 2 años, cuánto trabajo se va a acumular, y sin personal suficiente”, comentó.
Añadió que de 2023 a 2025 se redujo a Conagua más del 50% de su presupuesto. “Cómo quieren que opere, cómo van a garantizar el derecho al agua”, cuestionó.
Sobre el tema de los acaparadores de agua, Romero indicó que la legislación anterior ya contemplaba sanciones, pero que esa fracción fue eliminada.
“Es solamente grilla política, no quieren castigar realmente a nadie; quieren decidir ellos quién sí tiene derecho y quién no, y eso lo veníamos señalando. No quieren castigar realmente a nadie porque hay funcionarios de Morena como Olga Sánchez Cordero, quien tiene 7 concesiones de agua; senadores que tienen millones de metros cúbicos concesionados, gobernadores, pero de ellos no dicen nada y quitan el artículo para que no se pueda sancionar”, apuntó.