Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Sistema DIF Estatal, a los 10 DIF Municipales y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna), para que fortalezcan las acciones de detección, atención integral y restitución de derechos de menores que se encuentren en situación de mendicidad o realizando actividades económicas en la vía pública.
El punto de acuerdo, presentado por los diputados José Israel González Mendoza y María Cristina Lupién Ventura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), plantea la necesidad de atender de manera coordinada la problemática del trabajo infantil en calles, cruceros y espacios públicos del estado.
Durante la exposición de motivos se destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Inegi, en México alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en condición de trabajo infantil, lo que representa el 13.1% de la población en ese rango de edad. En el caso de Colima, la entidad ocupa el séptimo lugar nacional con una tasa del 17%, por encima de la media nacional.
El exhorto subraya que la presencia de menores en cruceros, vialidades y zonas comerciales los expone a riesgos como accidentes viales, violencia, explotación económica, jornadas prolongadas en condiciones climáticas adversas y deserción escolar, además de vulnerar su derecho al desarrollo integral.
En el acuerdo aprobado, el Congreso del Estado solicita a las autoridades señaladas que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación interinstitucional, implementen y refuercen estrategias de prevención y atención. Asimismo, se establece que deberán remitir un informe al Poder Legislativo en un plazo no mayor a 90 días naturales, detallando el número de casos detectados, las acciones emprendidas y las estrategias aplicadas.
Las y los legisladores coincidieron en que la atención a esta problemática debe realizarse con enfoque de derechos humanos, evitando la criminalización de las familias y atendiendo las causas estructurales como la pobreza y la desigualdad, privilegiando la restitución de derechos y el acceso a la educación.