En respuesta a las constantes inconformidades expresadas por conductores de plataformas digitales de transporte, quienes en las últimas semanas han señalado que el costo del nuevo permiso de operación representa una carga económica que dificulta su regularización, el Congreso del Estado aprobó este viernes un decreto para otorgar un descuento temporal del 40% en el pago de este derecho.
El beneficio fiscal aplicará a las personas físicas y morales propietarias de vehículos afiliados a empresas de gestión de la demanda, como las plataformas digitales de transporte, con el objetivo de incentivar que regularicen su situación administrativa y obtengan el permiso de operación ante la Subsecretaría de Movilidad estatal.
El dictamen recuerda que recientemente fue incorporado a la Ley de Hacienda del Estado el cobro por la expedición del permiso anual para ese tipo de servicio, lo que derivó en diversas manifestaciones de operadores que consideraron elevado el costo del trámite. Ante este escenario, las y los legisladores promovieron un estímulo fiscal para facilitar el cumplimiento de esta nueva obligación sin eliminar el requisito de regularización.
Aunque la iniciativa original contemplaba un descuento del 30%, durante el análisis legislativo la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública determinó incrementarlo al 40%, con base en la opinión técnica de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, la cual concluyó que el incentivo es financieramente viable e incluso podría favorecer la recaudación al incentivar que más operadores realicen el trámite.
Además, el decreto tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026, por lo que quienes ya hayan pagado el permiso podrán solicitar la devolución del monto correspondiente al descuento aprobado. El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026.
Las y los diputados señalaron que el propósito del incentivo no es únicamente aliviar la carga económica de los operadores, sino fortalecer el padrón estatal de unidades que prestan el servicio mediante aplicaciones, garantizando que los vehículos cuenten con registro, permisos vigentes y controles de seguridad para brindar mayor certeza a las personas usuarias.
El dictamen sostiene que ese tipo de estímulos fiscales constituyen instrumentos de política pública para fomentar la formalización de actividades económicas y que, en ese caso, buscan equilibrar la necesidad de fortalecer la regulación del transporte privado con el apoyo a quienes prestan el servicio a través de plataformas digitales.