El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional en materia de bienestar, con la que se incorporan a nivel local derechos sociales como la pensión para personas con discapacidad, el acceso a vivienda adecuada y la rehabilitación integral, alineando la legislación estatal con la Constitución federal.
El dictamen número 69 fue elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y de Bienestar, y contempla modificaciones a los artículos 2 y 4 de la Constitución local.
Uno de los cambios centrales es la sustitución del concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, un término reconocido a nivel internacional que amplía el derecho a condiciones más integrales de habitabilidad. Ello implica que la vivienda no solo se conciba como un espacio físico, sino como un entorno que garantice acceso a servicios básicos, seguridad, ubicación adecuada y calidad de vida.
Además, la reforma establece que el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, con prioridad para menores de edad; y se eleva a rango constitucional el derecho a una pensión no contributiva para personas con discapacidad menores de 65 años, en coordinación con la Federación.
De acuerdo con el dictamen, uno de los objetivos principales es “blindar” esos derechos y programas sociales ante cambios de administración, asegurando su continuidad como obligaciones del Estado.
La reforma responde a las modificaciones realizadas en 2024 a la Constitución federal en materia de bienestar, que obligaron a los estados a armonizar su legislación.
En ese sentido, los legisladores argumentaron que se busca reducir la desigualdad y garantizar mejores condiciones de vida para sectores históricamente vulnerables, particularmente personas con discapacidad.
El documento señala que en Colima más de 39 mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 5.5% de la población estatal, de acuerdo con datos del Inegi.
Bajo ese panorama, la reforma pretende consolidar un sistema de bienestar que permita el acceso a apoyos económicos, servicios de salud y condiciones de inclusión social.
Con esa reforma, Colima se suma a la tendencia nacional de elevar a rango constitucional los programas sociales, en un contexto donde el debate público se centra en si estos representan una política de bienestar sostenible o un modelo de dependencia del Estado.