Colima enfrenta una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, debido a su ubicación geográfica, condiciones climáticas y características territoriales, por lo que en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley de Cambio Climático, con el objetivo de actualizar el marco legal y fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante estos riesgos.
La propuesta fue presentada por el diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien planteó la necesidad de abrogar la legislación vigente de 2016 y sustituirla por un ordenamiento alineado con los compromisos internacionales asumidos por México, como el Acuerdo de París y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0).
De acuerdo con la exposición de motivos, Colima ha sido afectado de manera recurrente por ciclones tropicales, lluvias intensas, inundaciones, sequías e incendios forestales, a lo que se suman riesgos geológicos como la actividad sísmica y volcánica, particularmente en la zona del Volcán de Fuego. Esos fenómenos han provocado declaratorias de emergencia en distintos municipios y han incrementado la presión sobre la infraestructura, los ecosistemas y la seguridad de la población.
El documento señala que municipios como Manzanillo, Armería y Tecomán presentan alta exposición a eventos hidrometeorológicos extremos, mientras que las zonas costeras enfrentan amenazas crecientes por el ascenso del nivel del mar, la erosión y la posible salinización de acuíferos. Además, se advierte que en las últimas décadas el estado ha perdido una parte significativa de su cobertura vegetal, lo que debilita la capacidad del territorio para amortiguar los impactos climáticos.
La iniciativa subraya que el impacto del cambio climático no es homogéneo, sino que afecta de manera diferenciada a mujeres, menores de edad, personas adultas mayores, comunidades indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que propone un enfoque de derechos humanos, justicia climática y equidad intergeneracional como ejes transversales de la nueva ley.
Entre los principales objetivos del nuevo marco legal se encuentra reducir la vulnerabilidad de la población, fortalecer la resiliencia de la infraestructura y los ecosistemas, mejorar la coordinación entre el estado y los municipios, y dotar a Colima de instrumentos modernos para la atención de emergencias climáticas, la mitigación de emisiones y la adaptación a los efectos inevitables del cambio climático.