La diputada local Irma Mirella Martínez Silva, junto con diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, con el objetivo de fortalecer la seguridad económica y financiera de este sector de la población.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca prevenir y sancionar actos de abuso patrimonial, particularmente aquellos cometidos por familiares, cuidadores o terceros que interfieran en el acceso a pensiones, apoyos sociales y recursos económicos destinados a la subsistencia de las personas adultas mayores.
La legisladora señala que la reforma pretende garantizar la autonomía y el libre ejercicio de los derechos patrimoniales, evitando situaciones de dependencia forzada, apropiación indebida de tarjetas bancarias o uso irregular de apoyos económicos, conductas que constituyen una violación directa al derecho a una vida digna.
En el documento se destaca que el 87% de los casos de violencia contra personas adultas mayores ocurre en el ámbito familiar, siendo hijas e hijos los principales agresores, y que la violencia patrimonial es una de las formas más recurrentes de abuso.
Asimismo, la iniciativa subraya la obligación del Estado de armonizar la legislación local con tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México en 2023, que reconoce el derecho a la independencia, la seguridad social y la protección contra el abuso económico.
Entre las modificaciones planteadas se incluyen ajustes a diversos artículos de la ley vigente para reforzar la perspectiva de derechos humanos, incorporar el lenguaje incluyente de “personas adultas mayores” y ampliar las facultades del Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores en materia de prevención, detección y erradicación de la violencia patrimonial.
La reforma también propone fortalecer mecanismos de asesoría jurídica, vigilancia institucional y acciones coordinadas entre autoridades estatales y municipales para proteger el patrimonio de este grupo vulnerable.
Con esta iniciativa, las y los legisladores buscan consolidar un marco jurídico más robusto que garantice el acceso efectivo a pensiones, apoyos sociales y demás recursos económicos, asegurando que ninguna persona adulta mayor sea despojada o privada de sus medios de subsistencia.