La activista Laura Helena Itzel Jiménez Galván consideró que Colima necesita una reforma que obligue a las autoridades a capacitarse en perspectiva de género y las sancione cuando incumplan esa obligación, al advertir que la falta de preparación institucional puede costar vidas.
Explico que, durante su participación en el reciente Segundo Parlamento Abierto de Mujeres, la también presidenta de la organización Acción Afirmativa presentó la iniciativa denominada “Ley Daryela”, inspirada en el feminicidio de una joven de Baja California que, pese a haber denunciado previamente a su agresor y contar con medidas de protección, fue asesinada en enero de 2023.
“A Daryela no sólo la asesinaron las 36 puñaladas que recibió; la asesinó también la indiferencia institucional de un sistema que ignoró sus denuncias”, afirmó desde la tribuna.
Jiménez Galván explicó que su propuesta parte de una realidad que, aseguró, también enfrenta Colima, entidad que mantiene vigente una Alerta de Violencia de Género y donde, dijo, las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes.
“El territorio colimense arrastra un contexto crítico en materia de seguridad de género, lo que obliga a una revisión profunda de las capacidades de respuesta del Estado, porque no son números fríos; ellas tienen rostro, historia y nombre”, expresó.
La activista sostuvo que las capacitaciones en materia de género no pueden seguir siendo opcionales ni convertirse en simples requisitos administrativos. “No queremos más talleres de papel ni constancias de asistencia que se archivan en un cajón. Exigimos una formación estructural”, señaló.
La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo a la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima”, con el propósito de establecer obligaciones específicas para las autoridades encargadas de atender casos de violencia de género. Entre las medidas contempla condicionar ascensos y estabilidad laboral a la acreditación de capacitación en perspectiva de género; establecer evaluaciones teórico-prácticas diseñadas junto con organizaciones civiles; obligar a que todo nuevo servidor público se capacite en un plazo máximo de 90 días; sancionar administrativamente a quienes omitan o simulen dicha capacitación; y hacer público un padrón del personal certificado, así como de quienes se nieguen a capacitarse sin justificación.
Laura Helena Jiménez sostuvo que la ignorancia sobre la ley y los protocolos de atención ya no puede utilizarse como argumento para justificar omisiones de las instituciones.
“La ignorancia de la ley y de los protocolos de género ya no puede ser el escudo de la negligencia fiscal o judicial”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado para que la propuesta sea retomada por la actual Legislatura y se convierta en ley.
“Las mujeres colimenses estamos observando. No queremos discursos de solidaridad ni acciones simbólicas; queremos votos a favor de nuestra seguridad. Los derechos se defienden en la calle, se sostienen en el activismo, pero se garantizan en la ley”, concluyó.