El magistrado Roberto Rubio Torres presentó una petición formal dirigida a las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, para impulsar una actualización de remuneraciones del personal de confianza con funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado.
La propuesta plantea atender el rezago salarial acumulado entre 2014 y 2026, señalando que desde 2013 diversas categorías jurisdiccionales no han recibido actualizaciones progresivas acordes con la inflación anual, lo que ha provocado pérdida del poder adquisitivo y disparidades salariales internas.
En el documento, el magistrado sostuvo que “hacer justicia también implica reconocer y actualizar justamente el trabajo de quienes integran el Poder Judicial”.
Entre los objetivos centrales de la propuesta se encuentran el garantizar remuneraciones dignas, generar equilibrio salarial, fortalecer la justicia laboral interna, conservar el poder adquisitivo y fortalecer institucionalmente al Poder Judicial.
La petición también advierte que algunos cargos jurisdiccionales de nueva creación actualmente cuentan con percepciones superiores a puestos homólogos con mayores responsabilidades o antigüedad.
Por ello, se solicita actualizar instrumentos fundamentales como el Catálogo General de Puestos, el Manual de Remuneraciones y el Tabulador Salarial del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, se propone que las remuneraciones se incrementen al menos conforme al porcentaje anual de inflación para evitar un mayor deterioro salarial.
En los materiales difundidos se argumenta que el rezago salarial ha generado desmotivación laboral, ampliación de brechas salariales y debilitamiento institucional, además de desincentivar el ingreso y permanencia en la carrera judicial.
También se señala que durante más de una década las cargas laborales y competencias jurisdiccionales han aumentado significativamente, derivado de nuevas materias y reformas judiciales, sin que ello haya venido acompañado de incrementos presupuestales o salariales equivalentes.
Entre las áreas mencionadas se encuentran justicia penal, justicia para adolescentes, materia laboral, mercantil, oralidad familiar y extinción de dominio.
El planteamiento también advierte sobre una posible “fuga de talento judicial”, al considerar que los bajos salarios provocan que perfiles especializados busquen oportunidades en otras instituciones o en el ejercicio privado de la profesión.
Dentro de las peticiones concretas, el magistrado solicita que el tema sea abordado en una reunión conjunta por las presidencias de los órganos judiciales, además de impulsar reformas al Reglamento Interno de la Comisión de Remuneraciones y considerar ajustes presupuestales para el ejercicio fiscal 2027.
Finalmente, el documento sostiene que fortalecer las condiciones salariales del personal jurisdiccional contribuiría a mejorar la estabilidad institucional y la calidad en la impartición de justicia en Colima.