La senadora por Colima, Mely Romero Celis, acusó en una entrevista a la mayoría oficialista en el Senado de rechazar una reserva legislativa que buscaba fortalecer los mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y evitar que perfiles vinculados a grupos delictivos lleguen a cargos de elección popular.
“Si Morena realmente quiere proteger la democracia, debería comenzar por cerrar la puerta a la infiltración criminal en las elecciones. No se puede hablar de soberanía electoral mientras se rechazan herramientas para combatir la violencia política, la imposición de candidaturas y la coacción del voto”, afirmó.
Recordó que su propuesta fue presentada durante la discusión de la reforma al Artículo 41 de la Constitución, que incorporó como causal de nulidad la intervención extranjera en elecciones. Sin embargo, Romero Celis planteó que la principal amenaza para la democracia mexicana no proviene únicamente del exterior, sino también de la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos locales.
Entre las modificaciones propuestas, comentó, se encontraba incorporar como causales de nulidad electoral la violencia política contra candidatos, la coacción del voto por grupos armados y la injerencia de organizaciones criminales en los procesos internos de selección de candidaturas.
La reserva también planteaba que las autoridades electorales pudieran valorar pruebas de contexto e informes de seguridad para determinar la influencia de grupos criminales en los procesos electorales.
Romero Celis señaló que la negativa de Morena y sus aliados a respaldar esas medidas resulta especialmente preocupante en un contexto donde existen señalamientos y procesos de investigación que involucran a actores políticos de Sinaloa, entidad gobernada por Morena.
La legisladora sostuvo que, mientras el oficialismo impulsó mecanismos para sancionar la intervención extranjera, decidió votar en contra de disposiciones destinadas a enfrentar una amenaza que calificó como directa para la soberanía popular: la intervención del crimen organizado en la vida política del país.
La senadora recordó que diversos estudios y diagnósticos han advertido sobre el avance de estructuras de gobernanza criminal en municipios y regiones del país, así como sobre la utilización de violencia, financiamiento ilícito y presión sobre electores para influir en los resultados de las elecciones.
Finalmente, reiteró que continuará impulsando reformas para blindar los procesos electorales y garantizar que las decisiones democráticas correspondan exclusivamente a la voluntad ciudadana y no a intereses criminales.