El Congreso del Estado analiza una profunda reforma ambiental que contempla la expedición de una nueva Ley de Cambio Climático para Colima y modificaciones a la Ley Ambiental estatal, con el objetivo de actualizar la política climática frente a los efectos del calentamiento global y los nuevos compromisos internacionales asumidos por México.
El dictamen legislativo, elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, propone sustituir la actual legislación climática vigente desde 2016 por un nuevo ordenamiento más amplio y moderno, que pasaría de 51 a 159 artículos.
Entre las principales novedades destaca la posibilidad de emitir una Declaratoria de Emergencia Climática, una figura distinta a las declaratorias tradicionales de Protección Civil, enfocada específicamente en riesgos ambientales y ecosistémicos derivados del cambio climático.
La iniciativa también plantea la creación de una red estatal de refugios climáticos, espacios destinados a proteger a la población durante olas de calor y fenómenos extremos, así como mecanismos para atender desplazamientos humanos ocasionados por impactos climáticos.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de un mercado estatal de carbono y un sistema de compensación de emisiones, con el que empresas o proyectos podrán adquirir reducciones certificadas de gases contaminantes para equilibrar su huella ambiental.
Además, se propone crear un presupuesto de carbono, herramienta que establecerá límites máximos de emisiones permitidas en el estado y definirá rutas de descarbonización para distintos sectores económicos.
La nueva ley incorpora también conceptos inéditos en la legislación local como: justicia climática, transición justa, electromovilidad, movilidad activa, soluciones basadas en la naturaleza, corredores bioclimáticos, equidad intergeneracional y sociobioeconomía.
En materia social, el proyecto obliga a incluir enfoques de derechos humanos, género, juventudes y atención prioritaria a grupos vulnerables, incluyendo pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
La propuesta también fortalece la participación ciudadana y el acceso a información ambiental, alineándose con el Acuerdo de Escazú, además de contemplar mecanismos de protección para defensores ambientales.
En el ámbito institucional, se ampliaría la participación de dependencias estatales en la política climática, incluyendo áreas de bienestar, juventudes, movilidad, desarrollo rural y hasta la Fiscalía General del estado.
La reforma también prevé adecuaciones al Fideicomiso Ambiental estatal para crear subcuentas específicas destinadas a financiar proyectos de mitigación, adaptación, transición energética y atención de pérdidas y daños asociados al cambio climático.
El dictamen argumenta que Colima enfrenta riesgos crecientes por pérdida de cobertura vegetal, urbanización acelerada, afectaciones costeras y fenómenos extremos, particularmente por la importancia estratégica del puerto de Manzanillo para la economía nacional.