La diputada local Andrea Naranjo Alcaraz, junto con legisladoras y legisladores de la Sexagésima Primera Legislatura, presentó ante el Congreso del Estado de Colima una iniciativa de reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la brecha salarial, la cual fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
La propuesta busca armonizar la Constitución local con la reforma federal impulsada en 2024, que establece la igualdad sustantiva como un eje obligatorio de la actuación del Estado, no solo en el plano jurídico, sino también en resultados reales en la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales cambios, la iniciativa incorpora de manera expresa el derecho a vivir una vida libre de violencias y establece deberes reforzados de protección del Estado hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños, obligando a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a adoptar acciones intensificadas para prevenir, atender y erradicar las violencias, con enfoque de género, interseccionalidad y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se propone incluir constitucionalmente la perspectiva de género como principio rector de la actuación en materia de seguridad pública y procuración de justicia, así como garantizar la existencia de al menos una fiscalía especializada en la investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, con el objetivo de blindar estas estructuras ante posibles cambios administrativos.
En materia laboral, la iniciativa plantea reforzar el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, prohibiendo diferencias salariales por razón de sexo o género dentro de la administración pública estatal y mandatando la creación de mecanismos legales para reducir y erradicar la brecha salarial de género.
De manera adicional, el proyecto incluye ajustes técnico-normativos para actualizar la denominación del órgano máximo del Poder Judicial del Estado, sustituyendo el término “Supremo Tribunal de Justicia” por “Tribunal Superior de Justicia”, a fin de mantener coherencia con reformas previas ya vigentes.
De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso tendría un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes a la legislación secundaria.